Autoridades de BCS siguen sin informar, proteger o castigar a responsables del derrame de combustible en Área Natural Protegida, ocurrido el 21 de agosto desde un yate de lujo.
Por Antonio Cervantes
Baja California, 22 de septiembre (Zeta).– Desde la madrugada del 21 de agosto, cuando se incendió el yate de lujo “Fortius” en el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, la autoridad manejó con total hermetismo el incidente. Incluso, el Gobierno de Baja California Sur trató de justificar el daño ecológico como “un accidente que le puede pasar a cualquiera”.
A su vez, el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío respondió incómodo a los medios de comunicación: “Pobre de la empresa por las pérdidas cuantiosas de la embarcación”.
Tras el accidente, se iniciaron rápidamente los trabajos de contención del derrame de hidrocarburos, pero sólo duró un día. La empresa Fortius Electromecánica, propiedad de la familia Alcalde de Guadalajara, Jalisco, dedicada a la generación de energías verdes, detuvo las acciones para que la aseguradora se hiciera cargo de elegir quién llevaría los trabajos de remediación.
Ocho días después del accidente marítimo, se reanudaron las labores de rescate de los restos de “Fortius” y los aceites derramados, así como carbón, hollín y diésel; aun así, la autoridad mantuvo silencio, incluso desconociendo el nombre del responsable.
Alberto Guillén Guadarrama, director operativo de la Red de Observadores Ciudadanos (ROC), dijo a ZETA que esa madrugada les reportaron que el dueño de “Fortius” y once personas más se encontraban en la embarcación. Los días subsecuentes brindaron apoyo a las instituciones ambientales y de Marina, debido a que no contaban con equipo suficiente para afrontar la emergencia ambiental.
“La Semar, hicieron el rescate durante la madrugada y luego llegó nuevamente la Semar, Profepa y CONANP, entonces fue cuando preguntan por nosotros, si estábamos también por mar, porque requerían apoyo para navegar alrededor de donde estaba el hundimiento y empezar a hacer las primeras inspecciones”, comentó Alberto Guillén Guadarrama.
De no hacerse presentes ROC, no se podría calcular el tiempo que habrían tardado en actuar para tratar de controlar los hidrocarburos derramados en el naufragio.
“Nos pidieron apoyo para empezar a trasladar el equipo de contención que tenían a bordo para llevarlo a la playa, porque su embarcación no podía acercarse hasta la orilla, desde ese momento estuvimos colaborando con la Semar, ellos estaban a cargo del evento y fuimos sus colaboradores para transportar personal a la playa, el equipo de contención; todos estos materiales absorbentes de hidrocarburos, y después ayudar a colocar una de las barreras de contención, esas cosas anaranjadas que se alcanzaron a ver, que eran para que no se regara el material quemado revuelto con el combustible”, indicó el director operativo de la Red de Observadores Ciudadanos.
La Red continuó con las colaboraciones con Secretaría de Marina (Semar) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para hacer las inspecciones, y con Fiscalía General de la República (FGR) para hacer las investigaciones correspondientes al hundimiento y deslinde de responsabilidades.
El Área Natural protegida (ANP) Balandra pasó de ser la playa más bonita de México, a la más contaminada. Según la Red de Observadores, fue pura suerte que el accidente no se convirtiera en una catástrofe mayor, dado a que el viento y las corrientes favorecieron a que los aceites se concentraran en la zona.
“Suerte efectivamente, realmente fue lo mejor que pudo haber pasado con este hundimiento. Toda la materia que se quemó y que flotaba, se acumuló en la playa del hongo y las corrientes y el viento lo mantuvo solamente en esa playa de 300 metros, y se acumuló de la mitad hacia la parte del estacionamiento, lo que hicieron fue contener esa parte. Se notaba iridiscencia en el agua y en las rocas cercanas al hongo, fue la playa más afectada y eso era lo evidente, lo que estaba flotando: el hollín, el carbón. En otras playas de la Bahía de Balandra, Tecolote Sur, Tecolote Norte, se vieron algunas piezas de carbón, pero sin rastros de combustible”, informó Alberto Guillén.
PROTECCIÓN NEGLIGENTE
El Área de Protección de Flora y Fauna (APFF)Balandra se encuentra dividida en zonas núcleo y de amortiguamiento. El hundimiento del yate “Fortius” ocurrió en la Subzona de Uso Restringido Balandra B.
El Plan de Manejo estima que para la Subzona, donde ocurrió el naufragio, sólo se permite el tránsito y anclaje de embarcaciones de hasta 12 metros de eslora, y queda estrictamente prohibido el tránsito a embarcaciones mayores a 12 metros.
“Fue una embarcación de 80 pies, equivalente a 24 metros, pues ya es una embarcación considerable”, confirmó el director operativo de la ROC.
El incendio y posterior hundimiento del “Fortius”, sólo demostró que en Baja California Sur, particularmente en La Paz, el Ayuntamiento, Gobierno del Estado y Federación actúan con negligencia. Mientras embarcaciones de lujo entran, depredan, dañan y contaminan el Área Natural Protegida (ANP), las autoridades locales hostigan a prestadores de servicios turísticos de la zona y a los turistas que llegan por tierra, a quienes restringen en número y horario. En el otro caso, el “servicio” es de carta abierta.
“No hay una autorización que hable de un horario en sí, toda embarcación turística que sea justamente un prestador de servicios, a veces para la Dirección del área es difícil diferenciar una embarcación particular, sobre todo de estos tamaños. Lo que se manifestó es que era una embarcación particular, que iba con el dueño del barco y la tripulación, y seguramente familia, fue todo lo que se supo. No existe un permiso como tal para los horarios, actualmente la Bahía de Balandra sigue siendo una zona accesible libre para quien quiera llegar a anclarse a cualquier hora del día, todavía no hay algo en el Reglamento, en el programa de manejo, que determine un horario en la zona marina”, lanzó Guillén Guadarrama.
Es muy obvia la falta de recursos para proteger la denominada playa más bonita de México, sólo cuenta con 131 mil pesos asignados para operar todo el año. Coincidentemente, la zona de la lobera conocida como Faro de San Rafaelito, una de las atracciones de los recorridos, presenta manchas de hidrocarburos; la Fiscalía General de la República investiga si también están ligadas al hundimiento del “Fortius”.
El APFF consta de una superficie de más de 2 mil 512 hectáreas, y con el presupuesto asignado para 2022, para su mantenimiento anual y su protección se designarían 52 pesos al año por cada hectárea, es decir, casi nada para su atención.
“Hay una negligencia de las embarcaciones, obviamente lo hacen cuando nadie los ve, aquí la fortuna o el infortunio, porque justamente estaba volando el avioncito y grabó esos videos, hemos puesto reporte en tiempo real cuando hemos visto esas manchas, pero nunca hemos encontrado al responsable. Por supuesto, es algo que debe estar bajo vigilancia, pues a final de cuentas es un daño atravesando el Área Natural Protegida, podría estar atravesando El Tecolote, El Pulguero o El Coyote, y a final de cuentas es una afectación que se está haciendo y deberían tener alguna multa o algo esas personas”, apuntó el director operativo de la Red de Observadores Ciudadanos.
Expertos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) realizaron monitoreos e inspecciones. Según ellos, no hubo mayor afectación a especies de flora y fauna, sin embargo, ROC difundió una imagen de un pulpo encontrado sin vida y con manchas aceitosas, por lo que faltan más estudios.
FORTIUS SIN RESPONSABILIDAD
Se llegó la hora y el día para el rescate de los restos del yate, a cargo de Marina Abaroa, empresa contratada por Fortius Electromecánica, SA de CV a través de su director Sergio Genaro Alcalde Delgado y los administradores y accionistas David Andrade Alcalde y Bárbara Alcalde Acosta.
El 1 de septiembre, Marina Abaroa hizo el intento de sacar la embarcación del ANP Balandra, y lo consiguió.
“La empresa Abaroa idearon o saben el procedimiento, ellos decidieron sacar a flote con los tinacos para que pudieran arrastrarlo y hasta las 6:48, que fue que dijeron ‘es todo lo que vamos a hacer’, se inició el traslado a La Paz alrededor de las nueve de la noche. La zona donde ellos reportan, donde la marejada y el viento les complicó, fue justo en Punta Diablo, cuando determinaron el sitio y geográficamente estaba fuera del área natural protegida, pero muy cerca”, reveló Alberto Guillén, de la ROC.
Pese a los estragos de la tormenta tropical “Javier” y la presión del Gobierno del Estado para que sacaran la embarcación por el ruido mediático a nivel nacional e internacional, la operación se hizo, pero los fuertes vientos y la marejada provocada por el fenómeno tropical, los obligó a desistir.
“Serían cerca de las once de la noche, cerca de Pemex Punta Prieta, la marejada era muy fuerte y el ‘Fortius’ nos estaba hundiendo, era seguir con el plan o hundirnos juntos, por lo que desesperadamente se cortaron los cabos y cayó en lo más profundo, afortunadamente se cumplió con sacarlo del ANP, y ahí terminó nuestra labor”, informó personal encargado del rescate.
A más de 30 metros de profundidad, en la zona conocida como Punta Diablo, muy cerca de Balandra, pero fuera de su superficie, hoy están los restos del “Fortius” y la empresa ha desistido del rescate.
“Sólo regresamos a la zona del hundimiento primario, en Balandra, a rescatar el ancla y otras partes de metal del yate”, confió personal de Marina Abaroa.
Fortius Electromecánica, SA de CV desistió ya del rescate del casco de la embarcación, de los restos en Balandra y de la remediación, incluso en el nuevo hundimiento cerca del ANP, nadie asistió por parte de la empresa, sólo se vio a la Semar y Capitanía de Puerto.
Miembros de la sociedad civil, prestadores de servicios, empresas locales y voluntarios, acudieron por iniciativa propia para llevar a cabo dos campañas de limpieza de los restos del yate.
En dos días extrajeron nueve toneladas de residuos, y todavía hay mucho más por sanear. “Continuaron dos días intensos de limpieza del fondo de la arena, donde estaba inicialmente el barco y se han sacado bastantes restos, sobre todo fibra de vidrio, madera, fierros”, explicó el director operativo de la ROC.
LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Con total hermetismo ha sido tratado el tema del incendio del yate “Fortius” en Playa Balandra, que autoridades de los tres niveles en BCS han limitado los informes sobre el daño ecológico causado por el incidente.
“Para dimensionar el impacto del siniestro, se han recolectado más de diez toneladas de residuos de carbón, aceite, hollín y partes de la embarcación, y a pesar de ello, siguen con ese hermetismo por parte de la autoridad y la contaminación del agua se va extendiendo”, denunció Guadalupe Saldaña Cisneros, senadora por el Partido Acción Nacional.
El martes 13 de septiembre, el Congreso del Estado convocó a las autoridades involucradas a comparecer ante el Pleno y explicar el suceso, los daños y despejar las dudas de lo que ocurrió y se está haciendo, además de la responsabilidad de los Alcalde, directivos y dueños de Fortius Electromecánica y de la embarcación “Fortius”.
Para mala fortuna de los sudcalifornianos e irresponsabilidad de los funcionarios convocados del Gobierno de Baja California Sur, enviaron representantes y su respuesta fue confusa y por oficio. Incluso la CONANP sembró una duda más al indicar que el barco era de bandera norteamericana, sin mencionar que pertenece a una empresa mexicana.
“Esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no se encuentra en posibilidades de brindar información respecto a la determinación de la afectación ambiental hasta en tanto las autoridades competentes no emitan una resolución, no es posible hacer de conocimiento las acciones a seguir para la restauración de los daños causados en el Área Natural Protegida”, respondió a la solicitud de comparecencia, Dilia Rebeca Meza Castro, encargada del APFF Balandra.
Asociaciones y autoridades de Protección al Ambiente confirmaron a ZETA que hay dos líneas de investigación a seguir, una de ellas, el supuesto uso de luces de bengala por parte de los pasajeros, aparentemente en una celebración del dueño del barco y sus familiares y amigos esa madrugada.
En Playa Balandra, un particular cuenta con cámaras de vigilancia y un guardia de seguridad (velador), quien podría colaborar en la investigación.
“Es información que ha llegado extraoficial, también hablan del uso de bengalas en esa zona y que según el Plan de Manejo están totalmente prohibidos; también existe la posibilidad que detrás de este accidente haya irregularidades en la prestación de servicios turísticos, por parte de los permisos de esta embarcación, o sea, no contaba con permisos para hacer esta clase de paseos”, resaltó la senadora Guadalupe Saldaña.
El informe brindado a la Red de Observadores Ciudadanos, es que se debió a una falla en el área de máquinas, que de inmediato se propagó a la cubierta y generó que la embarcación de 24 metros de eslora y un tanque con capacidad para almacenar seis mil litros de combustible, se incendiara.
“Según expertos, el combustible podría estar saliendo de los inyectores del motor, de las líneas de abastecimiento, de los respiraderos del tanque, pero en realidad los que bajaban solamente veían las burbujas saliendo y era unas pequeñas gotas. De las primeras cosas que escuchamos, fue que ellos habían tenido un cortocircuito en el cuarto de máquinas, ya durante la noche”, confirmó Alberto Guillén, de la Red de Observadores Ciudadanos.
Sin embargo, las dos líneas de investigación principales, son las que la FGR deberá seguir para deslindar responsabilidades.
“Sabemos que esas cosas (bengalas) son digamos delicadas o de cierta precaución, porque además son nuestra salvación si estamos en una emergencia, entonces, no vería a mi tripulación jugando con una bengala, pero hay denuncias penales y las autoridades del Ministerio Público seguramente ellos seguirán esa línea de investigación, pero sí, de eso si no podría decir nada”, indicó Guadarrama.
En su Artículo 414, por un delito ambiental, el Código Penal Federal establece imponer “pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”. La multa es mayor si ello ocurre en un ANP.
